Estudio alerta que demora en titulación de comunidades pone en riesgo a defensores de derechos humanos

Una mañana podía caminar 30 minutos desde su maloca a la zona de caza, y 30 años después un enrejado de ganadería, sembríos de coca y pozas de maceración volvieron el bosque irreconocible. Mateo, jefe de la comunidad cuyo nombre mantenemos en reserva por protección, carga en sus hombros el deseo de 200 habitantes de la comunidad nativa Unipacuyacu del pueblo kakataibo, que busca lograr la titulación del territorio comunal.

La Asociación ProPurús y la ORAU, a través el informe Situación de los Defensores Indígenas 2024, alertó que esta comunidad ubicada en la provincia de Puerto Inca, Huánuco, fue reconocida en el año 2005 y hasta la fecha no logra concluir con el proceso de titulación. De acuerdo al estudio, “parte de esta demora está vinculada a que diversas entidades estatales vienen otorgando permisos y derechos sobre esos territorios a través de diferentes mecanismos, como las concesiones forestales, concesiones mineras, autorización de aprovechamiento de diferentes recursos, autorizaciones de cambio de uso y saneamiento de predios rurales para la instalación de monocultivos”.

“Estamos encerrados”, comenta el APU (jefe de la comunidad). El territorio que albergaba cientos de hectáreas de bosque virgen, ahora es tierra de ganaderos, agricultores, y narcotraficantes. “Todos son dueños de nuestras tierras, menos nosotros”, reflexiona Mateo, es así que de 22,946 hectáreas, actualmente los comuneros solo controlan 4 hectáreas, de acuerdo con el Instituto de Defensa Legal.

Esta en manos del Gobierno Regional de Huánuco, liderado por Antonio Pulgar Lucas, brindar a Unipacuyacu la titulación. El pasado 26 de junio se tenía programado dar inicio al proceso de demarcación de la comunidad, pero esto no ocurrió por falta de conformación del Equipo Técnico Especializado (ETE), según alertó la Federación de Comunidades Kakataibo.

El estudio de ORAU y ProPurús, explica que la existencia de estos conflictos territoriales ha llevado al aumento de amenazas de defensores indígenas. Era mayo del 2022, cuando Marcelino Tangoa, supo que su vida ya tenía precio, estando a dos horas de la comisaría más cercana en Puerto Inca, abandonó la comunidad y se ocultó durante dos meses. 

Para la Organización Regional de AIDESEP en Ucayali la decisión de titular territorio indígena responde a intereses de actores variados a quienes las comunidades se enfrentan mediante representantes que se hacen visibles como defensores indígenas.

La organización indígena alerta que este fenómeno afecta a más del 50% del territorio indígena en la región Ucayali, con impactos directos en la seguridad de quienes defienden territorio ancestral.

Ucayali, Loreto (Padre Márquez y Contamana) y Puerto Inca (Huánuco) conforman el eje geográfico del informe. Allí se documentan casos donde los territorios comunales titulados legalmente se superponen con bosques de producción permanente (BPP), concesiones mineras y predios rurales otorgados a terceros, muchas veces sin consulta previa ni conocimiento de las comunidades.

El informe, detectó que son 110 comunidades nativas que enfrentan problemas territoriales reportados. Esta cifra no descarta que otras comunidades mantengan situaciones de conflicto no reportadas, algunas de ellas derivadas de alquiler de tierras por parte de comuneros individuales, que no logran ser reportadas a las organizaciones indígenas.

Del total de 605 comunidades en el ámbito de estudio, 454 están tituladas (cuentan con una superficie otorgada) y de estas comunidades 121 presentan superposición con BPP, es decir, alrededor de poco más del 26% de comunidades nativas. Esto explica la demora en lograr la culminación de los procesos de saneamiento físico legal de las comunidades nativas, lo que ocasiona un estado de vulnerabilidad en la seguridad territorial de la población indígena.

De acuerdo con la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (2024) existen 553 comunidades nativas en diferentes etapas de formalización. De ellas, 124 están tituladas y georreferenciadas, mientras que otras 192 están tituladas, pero no georreferenciadas. La superficie comunal bajo disputa o proceso incompleto supera los 2.9 millones de hectáreas.

En el caso de Loreto, la base de datos del Ministerio de Cultura (MINCUL) indica que existen 17 localidades indígenas en el distrito de Padre Márquez, de las cuales 12 son comunidades nativas reconocidas y tituladas. Según esta fuente, Contamana tiene 33 localidades indígenas reconocidas, de las cuales 22 tienen reconocimiento como comunidad nativa pero solo 21 cuentan con título de propiedad.

En Huánuco, exactamente en la provincia de Puerto Inca, el MINCUL identifica 15 localidades, de las cuales 15 están reconocidas y sólo 10 de ellas cuentan con un título de propiedad.

Desde ProPúrus identificaron que la superposición más frecuente ocurre con los bosques de producción permanente, los cuales ocupan más del 40% del territorio indígena en algunos distritos. En el río Pisqui, las comunidades nativas conviven con madereros legales e ilegales que operan bajo permisos otorgados por el Estado sobre tierras comunales.

“La superposición no es solo un tecnicismo legal, es el origen de la violencia que padecen nuestras comunidades. Las comunidades que se oponen a la explotación no autorizada enfrentan amenazas, hostigamientos y, en casos extremos, el asesinato de sus líderes”, afirma Carla Limas, coordinadora del Observatorio de Delitos Ambientales de la Amazonia de la Asociación ProPurús. 

Limas advierte que se han registrado 57 asesinatos de defensores ambientales desde el año 2010, los cuales han tenido lugar mayoritariamente en las regiones amazónicas del país.

El estudio señala la fragmentación institucional como un factor clave. Mientras el Ministerio de Agricultura otorga títulos rurales, el Ministerio del Ambiente regula bosques y áreas protegidas, y el Ministerio de Energía y Minas entrega concesiones sin coordinación con las direcciones regionales ni con las comunidades.

Además, se denuncia que los procesos de titulación comunal son burocráticamente más lentos: demoran entre 5 y 10 años, frente a los 6–9 meses que toma titular un predio individual, lo que favorece el avance de parcelaciones privadas.

Las organizaciones indígenas han denunciado esta situación ante instancias nacionales e internacionales, exigiendo una moratoria a la entrega de títulos superpuestos y la creación de una base de datos única e interoperable sobre territorios indígenas.

Para la ORAU mientras no se corrijan estas fallas estructurales, el territorio indígena seguirá siendo un tablero de intereses superpuestos, y los defensores, los peones sacrificables de un sistema que prioriza la explotación sobre la justicia.