Extraído de Servindi.

La población de San Antonio de El Estrecho, en el Putumayo (Loreto), enfrenta la escasez de productos de primera necesidad tras la suspensión de vuelos humanitarios.

Como denunció el docente local Edwin Pérez, la suspensión de estos vuelos ha generado que los vuelos comerciales aumenten sus precios de 185 a 220 soles, afectando aún más a la economía de familias del lugar.

El acceso a esta zona fronteriza es principalmente aéreo, pues el transporte fluvial hacia Iquitos puede demorar más de una semana y ser más costoso.

De esta forma, los habitantes de esta parte de la frontera dependen de los vuelos de la Fuerza Aérea del Perú para trasladarse, llevar alimentos y recibir medicinas.

Pérez hizo un llamado a autoridades nacionales y regionales para que se restablezca los vuelos humanitarios, indispensables para la seguridad alimentaria, atención económica y conexión social de la zona.

La suspensión de estos vuelos expondría “una lógica de privilegio y aprovechamiento”, pues se estaría convirtiendo en un negocio particular, advirtió Radio La Voz de la Selva.

En una nota editorial, el medio destaca que los vuelos cívicos han tenido un manejo poco transparente. Los pasajes para la población terminan siendo bloqueados por empresas privadas que los revenden a un precio mucho mayor.

Ante el aparente desinterés de las autoridades, la población se enfrenta a un incremento de precios injustificado que alcanza a los 400 soles por pasaje subsidiado, lo que refleja un divorcio entre políticas públicas y la realidad amazónica, resalta el medio.

“El espíritu solidario de estos vuelos se perdió hace rato. Lo que debería ser un instrumento de justicia territorial se ha convertido en un negocio disfrazado de filantropía”, comenta la editorial de Radio La Voz de la Selva.

En ese sentido, el medio señala la necesidad de fiscalizar estos vuelos, de modo que pueda entenderse cómo un servicio financiado con recursos públicos termina beneficiando a empresas privadas.

“Mientras en el discurso se habla de soberanía y orgullo nacional, en la práctica se condena a los peruanos de frontera a vivir desconectados, pagando sobreprecios por servicios que deberían ser derechos garantizados”, apunta el medio.