Las comunidades indígenas del distrito de Yurúa, en Ucayali, viven una creciente situación de inseguridad provocada por el avance del narcotráfico, la tala ilegal y otras economías ilícitas. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y la Asociación de Comunidades Nativas del Distrito de Yurúa – Sheshea (ACONADIYSH) denuncian que la ausencia del Estado ha permitido la expansión del crimen organizado en esta zona limítrofe con Brasil.

Informes recientes confirman la presencia de grupos armados transnacionales, como el Comando Vermelho y los Comandos de la Frontera, que cruzan desde el territorio brasileño hacia el peruano sin control alguno. Estas organizaciones han establecido rutas fluviales y pistas clandestinas utilizadas para el tráfico de drogas, afectando directamente la seguridad y el bienestar de las comunidades locales.

Jóvenes indígenas, los más vulnerables
La situación ha derivado en graves consecuencias sociales. Las organizaciones indígenas alertan sobre el reclutamiento forzado y el consumo de estupefacientes entre adolescentes y jóvenes, quienes se ven expuestos a la violencia y a la pérdida de sus medios de vida tradicionales. La falta de presencia policial y de servicios básicos agrava el abandono que enfrentan los pueblos amazónicos de Yurúa.

Guardia Indígena Transfronteriza: defensa y esperanza
Ante este panorama, Aidesep, ORAU y ACONADIYSH han promovido la restauración del Puesto de Control Fronterizo del Hito 38, en Yurúa. Este espacio se convertirá en la base de la nueva Guardia Indígena Transfronteriza Perú–Brasil, una iniciativa de cooperación y vigilancia comunitaria frente a la expansión del crimen organizado.

“La creación de la Guardia Indígena y la reapertura del Hito 38 no son actos de confrontación, sino de esperanza y dignidad. Los pueblos indígenas sabemos organizarnos y exigimos que el Estado asuma su responsabilidad con seguridad, desarrollo y respeto”, sostuvo el Apu Jammer López Agustín, presidente de ORAU.

Demandas urgentes al Ejecutivo
Las organizaciones indígenas han hecho un llamado al Gobierno peruano para que atienda de inmediato la crisis que vive Yurúa. Entre sus principales exigencias se encuentran la presencia policial permanente, la protección integral a los defensores y defensoras indígenas, y la coordinación efectiva entre los ministerios de Defensa e Interior.

Asimismo, solicitan la implementación de programas de desarrollo alternativo, el fortalecimiento de las economías indígenas sostenibles, y la mejora urgente de la infraestructura básica en la zona fronteriza. También piden el reconocimiento legal y respaldo estatal a la Guardia Indígena Transfronteriza Perú–Brasil.

Un llamado directo al presidente
Finalmente, Aidesep, ORAU y ACONADIYSH instaron al presidente de la República, José Jerí Oré, a trasladarse personalmente al distrito de Yurúa para constatar la gravedad de la situación y ofrecer soluciones concretas. Las comunidades amazónicas reiteran que no buscan confrontación, sino la presencia efectiva de un Estado que garantice seguridad, desarrollo y respeto por sus territorios.