En Loreto, en la vasta y remota Amazonía nororiental del Perú, la soberanía es un concepto que se diluye en el agua de los ríos. El Estado peruano, con sus leyes y sus fuerzas de seguridad, parece un archipiélago de presencias esporádicas en un océano de territorio sin ley. Para entender la dimensión de esta crisis de gobernanza, este relato se sumerge en la realidad de cuatro cuencas vitales de la región de Loreto: Putumayo, Napo, Nanay y Tigre.

Cada río cuenta una historia diferente, pero juntas componen un mosaico alarmante. Es la crónica de fronteras controladas por disidencias de las FARC, de corredores fluviales entregados al narcotráfico y la tala ilegal, de la invasión audaz de la minería de oro a las puertas de la capital regional, y de población agobiada por los impactos del petróleo que ahora enfrentan al crimen organizado. A través de estas cuatro realidades, emerge un patrón ineludible de abandono estatal, violencia impune y una resistencia silenciosa por parte de las comunidades indígenas, los ciudadanos olvidados de una guerra no declarada.

Putumayo, la Frontera Silenciada

En el Bajo Putumayo peruano, la ausencia del Estado ha sido reemplazada por la ley de los grupos armados. Sus habitantes, defensores sin registro, han aprendido que la primera regla para sobrevivir es el silencio.

El agua del río Putumayo es un espejo turbio y veloz que refleja un cielo inmenso y una selva que parece no tener fin. En sus orillas, en caseríos de madera que se asoman entre los árboles, la vida transcurre al ritmo del motor de los botes, el sonido más frecuente en esta frontera líquida entre Perú y Colombia. Pero hay otro sonido que ha enseñado a la gente a callar: el del motor de un bote desconocido. Cuando eso ocurre, las conversaciones cesan y las miradas se vuelven discretas. Es la ley no escrita en este rincón de la Amazonía: ver, oír, muchas veces obedecer y, sobre todo, callar.

Aquí, en la provincia de Putumayo, se vive una paradoja. A pesar de ser un corredor estratégico para las economías ilegales, el número de defensores ambientales reconocidos por el Estado es casi nulo. La plataforma de información estadística sobre situaciones de riesgo contra personas defensoras de derechos humanos del Ministerio de Justicia apenas muestra una persona en toda la provincia de Putumayo, una de las zonas más peligrosas del país.

Pero esto no significa la ausencia de amenazas. Se debe a que el Estado peruano es casi un fantasma y la autoridad real porta ilegalmente armamento de guerra.

La plataforma de periodismo de investigación Amazon Underworld en colaboración con Amazon Watch, en un detallado informe de agosto de 2025, fue categórica al afirmar que el control territorial en esta zona fronteriza ya no está en disputa. Pertenece a las disidencias de las FARC colombianas, principalmente a la organización transfronteriza «Comandos de la Frontera». Ellos deciden quién navega el río, qué se siembra y cuánto se paga de «impuesto» por cada draga de oro. Han establecido una gobernanza criminal que, para los habitantes Kichwa, Maijuna, Murui,  Bora, Yagua y Secoya, es ya la única ley.

De vez en cuando, el estruendo de un helicóptero o de alguna embarcación del Comando Operacional de la Amazonía (COAM) rompe la monotonía. Llegan, dinamitan unas dragas o apoyan la erradicación de alguna zona cocalera y se van. Para los locales, estas visitas son más una fuente de pavor que de alivio. «Cuando se van, los patrones vienen a preguntar quién fue el soplón», es el testimonio anónimo que la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) ha recogido en múltiples ocasiones.

Esta presencia militar contrasta con una ausencia civil absoluta. La denuncia es un suicidio práctico. Es una queja que ORPIO ha sostenido en múltiples pronunciamientos durante 2024 y 2025, donde se recoge el testimonio de líderes a quienes la policía responde no tener «‘recursos para asistir'».

A pesar de 32 años de existencia y de inversión estatal cuantiosa, el Proyecto Especial Binacional para el Desarrollo Integral de la Cuenca del Putumayo – PEBDICP, manejado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, no ha mostrado mayores resultados para mejorar la situación de la población que habita el lado peruano de la cuenca. Este proyecto especial tiene un costo operativo que alcanza el 43% de su presupuesto, que en los últimos 10 años sumó más de 250 millones de soles o sea, más de 70 millones de dólares al tipo de cambio actual.

Aún con la enorme riqueza natural y cultural de la zona, reconocida internacionalmente con la creación de importantes áreas naturales protegidas, el abandono de la población indígena es doloroso. Con estadísticas de contaminación alarmantes en el sector del bajo Putumayo, donde más del 80% de las mujeres jóvenes ya tienen niveles de mercurio que demuestran una intoxicación crónica, asociada a la minería ilegal, el futuro de los niños por nacer ya está comprometido.

Un indígena del Putumayo, con las manos ásperas, los ojos vivos, cabello escaso y entrecano, con arrugas profundas que narran  historias atemporales, cuenta con amargura, que alguna vez pensó que él y su pueblo se librarían de esa especie de maldición que tiene una de las cuencas más emblemáticas de Loreto.

Don Carlos perdió a su mujer, a su compañera, hace como 7 años, antes de la pandemia. No llegaron nunca los remedios de la posta, la magia de los señores vestidos de bata blanca, los que vienen de la ciudad. Tampoco pudieron traerla a ver a alguno de esos señores en la capital de la Provincia, El Estrecho.  Su mujer murió ahí, donde nacieron, donde vivieron por años, donde nacieron sus hijos, en el lugar al que ahora, no puede, no quiere regresar.

“Cuando mi mujer estaba sana, ay!, caminamos por el monte, tiempo hace… estábamos fuertes. Que iba yo a esperar caridad de nadie. Solito mi chacra, mi yuca tenía. Andábamos, pescábamos. Animales harto había. Caminábamos si, para el (río) Algodón, lindo es todavía. Con eso he criado a mis hijos. Dos se han muerto ya. Creo que otro en Iquitos ha muerto con eso del COVID. Pero ya no querían vivir aquí…”

Luego de una pausa, muestra su sonrisa de dientes ausentes, dulce e imperfecta. Calma la sed con un refresco de color rosa, traído de Colombia, que amablemente nos ofrece. Así, Carlos continúa: “Cuando han venido los colombianos nos han querido hacer engaño. Que trabaje, que le venda la hoja. Yo no he querido. Me vine acá a El Estrecho por eso. Mis hijos han ido para Mazán, a Caballo (Caballococha), por ahí han bajado, están trabajando.  Yo ya no sé de ellos. Acá mi hija me ayuda y su marido que trabaja en la Municipalidad, con eso están. Al menos no están con miedo de que los agarren… esos hombres son malos, valientes son con sus pistolas, milicos parecen…  Pena si me dan mis nietos. A dónde van a estudiar mis nietos, si acá no hay. Una vez el mayor ha venido que quería que se ponga una marca en el brazo (un tatuaje), que quería ser más bravo para que no le jodan los otros chicos. Dicen que se van algunos con los colombianos. Varios se han ido dicen, uno creo nomás que ha vuelto”.

Don Carlos sabe que su relato es solo para algunas gentes. No para todos. Baja la voz, mira a los lados, insiste en que los cuidados ya no son para él, sino para su hija y sus nietos. En El Estrecho, a donde se trasladó Carlos hace 6 años, luego de la partida de su mujer, las calles no sólo tienen oídos, tienen voz, y le hablan sin miedo, o quizás por eso, a los dueños del valle del Putumayo.

Un familiar de Carlos sobrevivió a las matanzas del caucho y de él escuchó las historias del miedo, de cómo huían al monte. También de la explotación por el Palo de Rosa, de que también venían por los cueros y las pieles… Ahora, Carlos cuenta las historias de la coca y el oro. Luego de limpiarse la nariz con el polo descolorido, regalo de un candidato a la alcaldía, nos dice con la misma sonrisa de dientes ausentes “Un día ya nos van a acabar a todos, ya ni el monte nos va a salvar…”

Capítulo II: Napo, la Ruta Olvidada

En la frontera con Ecuador, el río Napo se ha consolidado como un corredor para la tala ilegal y el narcotráfico. Las comunidades Kichwa resisten entre la presión de las mafias y la indiferencia del Estado.

El Río Napo nace en las faldas de los volcanes ecuatorianos y desciende hacia el Perú hasta entregar sus aguas al Amazonas. Hoy, esa geografía la ha convertido en una ruta estratégica para el crimen organizado. A diferencia de la gobernanza armada del Putumayo, el control en el Napo es más difuso pero , dominado por dos economías ilegales: la minería y el narcotráfico.

Investigaciones de OjoPúblico, como la publicada en marzo de 2024, han expuesto las complejas redes de «blanqueo de madera» en la zona. Madereros ilegales invaden territorios indígenas en busca de especies de alto valor. La Federación de Comunidades Nativas Kichwas (FECONAKY) alertó, en una carta abierta de inicios de 2025, sobre las «crecientes amenazas de los madereros a los líderes que se oponen a la tala».

La cuenca del Napo, río que conecta directamente con Ecuador, recibe en su cauce las aguas del río Aguarico, que marca parte de la frontera, y más arriba de ríos que periódicamente se contaminan con los derrames de los campos petroleros que operan en la zona, como el ITTP Titupini.

“Cuando hay derrame arriba, todo la yuca, el cultivo se quema. Eso baja el agua y ya no se puede comer, menos vamos a vender”, sentencia don José, agricultor de 60 años que desde siempre vive en Cabo Pantoja, el poblado peruano más cercano a la frontera.

“Acá también ha venido el PEDICP. El 2016, 2018, por ahí vinieron. También el Banco Agrario, Foncodes, no puedo decir que no han venido. Pero ¿resultados? Ahí pues… vienen, mandan gente, muchachos, que no saben pues… Vinieron a incentivar cacao, pero de semilla, no mejorado, ni para injertar. Se cansaron, pues a los dos años y luego, ya, se fueron. Qué resultado bueno puede haber. ¿Y el mercado? ¿A quién le vendemos?  Si no hay mercado, señor. Viene el banco.. te doy un préstamo. Y después? ¿Con qué pagas si no hay donde vender?

Sentado en el pequeño negocio que ha montado su hija, donde vende alimentos a los escasos turistas que cruzan la frontera entre Perú y Ecuador, por lo general, mochileros europeos en busca de una “experiencia amazónica”, José también habla de su resistencia, de la resistencia de Cabo Pantoja.

“Acá ya vinieron los colombianos con coca, para que sembremos… han venido a poner dragas… y los hemos rechazado. Cómo pues vamos a acabar con esto que nos da de comer, con el río.. de esto vivimos nosotros. Sacar oro, ellos se llevan, uno que otro hará plata… y el resto? ¿Cómo quedan los niños que están acá?  Esta es nuestra tierra. Es la única tierra que tenemos.”  José atiende a unos turistas, les ofrece más refresco. Se acomoda los anteojos de marco blanco que contrastan con el negro inmaculado de su pelo.

“Puede preguntar acá, a los que somos verdaderamente de acá, de Pantoja. Nadie que haya nacido, que quiera a su tierra, a su familia, va dejar que esos señores vengan con su plata a querer comprarnos. Ya hemos esperado que el Estado se acuerde de sus fronteras pero nada, Usted ve… pero eso no es para que vendamos nuestro río o nuestros bosques… de a pocos, de sol en sol saldremos adelante, solo esperamos que las autoridades algún día se acuerden de Cabo Pantoja”.  Don José me mira profundamente, como esperando que yo le diera una respuesta a tantos años de indiferencia. Y yo, no tengo ninguna.

La noche antes de partir, como a las 2am se escucha el rugir de un motor, como acercándose al pueblo. luego, se acalla de pronto. Unos 15 minutos después, el ruido del poderoso motor se reinicia, pero ahora suena río abajo. Más tarde, le pregunto a los pasajeros del bote que me lleva de regreso si escucharon el misterioso motor. “Son los colombianos pues… están bajando su carga…”, me informa un viajero despreocupado. “De cuando en cuando pasan…”

El Napo es también una «autopista fluvial» para la droga. Informes de la Dirección Antidrogas de la Policía (DIRANDRO) documentan incautaciones periódicas, pero fuentes locales señalan que esto es solo una fracción del flujo real y que el producto viene del Aguarico y el Putumayo.

Atrapadas entre estas dos presiones, los mineros y los narcos, que ya tomaron casi completamente la cuenca del Curaray, afluente del Napo, las comunidades Kichwa que viven a lo largo de la cuenca sufren un asedio constante. En el Curaray, la población indígena, por la fuerza y también por conveniencia, se han plegado a favor de la ilegalidad.

Ante esto, la respuesta estatal sigue el mismo patrón: es casi exclusivamente militar y reactiva. Hay puestos de vigilancia, pero su capacidad para controlar un río de cientos de kilómetros es mínima. El caso del Napo demuestra que la ausencia de un grupo armado hegemónico, omnipresente, no significa paz. Simplemente indica un tipo de control criminal diferente, más silencioso y fragmentado. Pero igual de nocivo y atemorizante.

Capítulo III: Nanay, el Veneno que Bebe Iquitos

A pocos kilómetros de la capital amazónica, decenas de dragas ilegales envenenan con mercurio el río que da de beber a medio millón de personas. La respuesta del Estado es hasta ahora construir un camino de buenas intenciones.

Cada día, los habitantes de Iquitos abren sus grifos y reciben agua que nace en la cuenca del río Nanay, un área de conservación regional. Hoy, esa misma agua es una amenaza latente. El Nanay está bajo asedio.

Desde antes de la pandemia la cuenca ha sido invadida por una flota pirata y violenta, la flota de dragas de la minería ilegal. El medio digital Epicentro TV, en su reportaje «Nanay, cada vez más cerca del desastre» de finales de 2024, documentó la presencia masiva de dragas operando simultáneamente, removiendo y carcomiendo el lecho del río. Estas máquinas, que enriquecen a pocos y condenan a muchos, usan mercurio para separar el oro, un metal tóxico que está ya infiltrándose en el sistema de agua pública de Iquitos.

A pesar de la gravedad, frente a esta invasión, la respuesta del Estado ha sido montar un teatro de operaciones, pero un teatro de comedia negra. Luego de años de reclamos, las autoridades locales convinieron en montar un puesto de vigilancia, el Puesto de Control Yarana, a orillas del río Nanay. Marina, Policía y personal del SERNANP, la autoridad nacional de áreas protegidas, montaron allí una base aprovechando la infraestructura de la Reserva Comunal Tamshiyacu, cuyo límite es también el río Nanay. El objetivo era bloquear el ingreso de combustibles, equipos y otros insumos para la minería que campea en la parte alta de la cuenca.

La coordinación y convivencia no duró mucho. La Marina decidió montar un puesto independiente a una hora aguas arriba, en la capital del distrito, Santa María. El secreto a voces es que los marinos a cargo en ese momento tenían ya un acuerdo para permitir el ingreso de los mineros y su carga. El susurro de los rumores se transformó en gritos de una turba enardecida, cuando los pobladores de Santa María intervinieron a un grupo de marinos que, pistola en mano, permitían que un cargamento de combustible ingrese al Nanay. Por su parte, las autoridades policiales de Loreto, mantenían como parte de la “Policía Ecológica” a 12 oficiales previamente sancionados por, justamente, favorecer a criminales ambientales: mineros, madereros, traficantes…

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y la Marina han realizado más de una docena de operativos, quemando dragas en acciones espectaculares. Pero esta es una guerra de desgaste que el Estado está perdiendo. Los mineros se retiran y regresan días después, en un juego del gato y el ratón que, según líderes locales, como José Manuyama, es una muestra más del accionar de las redes de corrupción e informantes montada por los mineros.

Un líder local de Santa María del Nanay. la capital del distrito, me recibe en su casa un domingo. El piso de tierra está bien barrido, una gallina duerme en la esquina de la sala-comedor-dormitorio, donde me recibe. Semisentado en la hamaca que cruza la habitación, Pedro* luce el gesto serio, firme. El polo de la selección peruana de fútbol que luce y acaba de ponerse para la reunión ya no alcanza a cubrir la  prominente panza. El short azul chillón tiene el mismo tono que la diminuta tanga de la chica que posa en el calendario. “Acá hay gente que se ha metido a la minería por plata… No les interesa el río, la gente, el agua, nada. Y son de acá, del Nanay. Esos de Alvarenga (una comunidad en la parte alta de la cuenca convertida en centro logístico minero), toditos son mineros. La cosa ya era grave, pero se metieron los colombianos y ya ven. Hay muertos, todo es corrupción. La Policía, si uno no está atrás de ellos, dejan pasar nomás. Saben quiénes son, se hacen los ciegos y creen que uno es idiota. La Marina, ya has visto, hasta en video los tenemos para que no digan que somos mentirosos. Cobrarán su plata, aunque los colochos (los colombianos) pagan en oro.”

Le pregunto por los lugareños, por la gente del Nanay que está haciendo minería. Toma aire y mira a través del marco de la ventana por donde se ve el río y que ha servido de puerta falsa para que la gallina salga a picotear en la huerta.  “También hay gente que se ha metido por necesidad, porque ya no ve progreso, porque todo lo que ve es robo, corrupción.  Tanto proyecto del gobierno regional… dónde está esa plata, pues…?  Ahí está el proyecto aguaje… gran proyecto… ahí está, botado, fracasado, los ingenieros engordando, los del Gobierno bien coimeados… y la gente? Por eso pues, tanto que el progreso, que hay que cuidar porque ese río es de todos, el pulmón del mundo, que el desarrollo del pueblo… todos esos políticos son, disculpando la palabra, la misma mierda”.

El hartazgo de Pedro es imposible de ocultar. “Igualito que los mineros serán, saco mi oro, hago mi plata y me voy a Iquitos, a vivir bien. ¿Y el resto? El resto que se joda nomás, dirán…  O se irán a su tierra a Colombia, no sé.  Pero de que se largan y dejan acá todo contaminado, eso es seguro…”, remata con una mezcla de cólera e impotencia. Investigaciones periodísticas revelaron en noviembre del 2024 que “los colombianos” son parte de los Comandos de la Frontera”, los mismos del Putumayo.

Una vez más, recibiendo primero  incredulidad y luego asombro, Epicentro TV denunció que eran los Comandos de la Frontera los que habían tomado control del negocio ilegal. De hecho, ya controlan parte de los negocios ilegales en Iquitos.

A diferencia del silencio de las fronteras, el caso del Nanay ha provocado una fuerte reacción. El «Comité de Defensa del Agua» de Iquitos, liderado por Manuyama, en una manifestación realizada en mayo de 2025, exigió al gobierno regional «acciones concretas y el fin de la impunidad». El caso del Nanay demuestra que el problema no es solo la lejanía. La minería ilegal ha florecido a menos de dos horas del centro de poder político y de las principales bases policiales y militares de la región, exponiendo una brutal y cínica indolencia.

 

Capítulo IV: El Laberinto del Tigre: Entre el Petróleo y el Crimen

Durante décadas, las comunidades Kichwa del río Tigre lucharon contra la contaminación del Lote 8. La respuesta del Estado fue un plan multimillonario que hasta al momento ha fracasado, dejando un vacío que hoy podría ser llenado por la minería ilegal.

El río Tigre no es un río virgen. En sus primeros 30 kilómetros, surcando desde el Marañón, apenas si se avistan algunas aves y es que sus aguas llevan las cicatrices de más de cincuenta años de explotación petrolera. La historia de las comunidades Kichwa, representadas por federaciones como FECONABAT, es una de lucha contra los derrames del Lote 8, los pasivos ambientales y la indolencia del Estado. Fue precisamente esta lucha histórica la que forzó al Estado a tratar de crear una solución.

Esta supuestamente llegó en 2020 con bombos y platillos: la aprobación del Plan de Cierre de Brechas. Como se debatió en el Congreso, la propuesta era monumental: una inversión de más de S/ 7,370 millones de soles para atender las necesidades básicas de 200,000 personas en cinco cuencas, incluyendo el Tigre. Para gestionar los fondos, se creó un Fideicomiso Indígena. El monto de alguna forma resarciría a las comunidades nativas, que por más de 50 años soportaron la contaminación y el abandono.

Cinco años después, la promesa es un cascarón vacío. Según un análisis de septiembre de 2025 de la ONG Propuesta Ciudadana, la ejecución del presupuesto ha sido mínima. Medios loretanos como Pro y Contra han sido tajantes: «Plan de Cierre de Brechas fracasa porque no se invierte en comunidades indígenas». El plan que debía ser la solución se convirtió en un nuevo símbolo del incumplimiento del Estado.

Es en este vacío de promesas rotas donde, desde 2025, ha germinado una nueva y violenta amenaza: la invasión de la minería ilegal. Decenas de dragas, protegidas por colombianos y brasileños, se movieron desde el río Nanay, la cuenca vecina, aprovechando las trochas habilitadas por los mineros para acarrear equipos e insumos, evitando los controles en esa cuenca.

Un líder local ha sido directamente señalado como el responsable del ingreso de los mineros a las comunidades del medio y alto Tigre, operando como nexo entre los ilegales y la población local. Un poblador de Intuto, capital del distrito del Tigre quien ha pedido mantener su nombre en reserva ha sido espectador involuntario del cambio impuesto por estos nuevos actores. “Les gusta que les digan empresarios y se pasean por Intuto con toda confianza. Conversan con las autoridades, con la policía. Están haciendo que los que venden cerveza, gasolina, que esos ganen más plata. Han llegado hasta mujeres. La gente los mira con desconfianza. A veces se emborrachan, se pelean entre ellos y sacan sus armas en el puerto. La gente tiene miedo. Por eso la gente prefiere convivir nomás. ¿Quién va a querer venir a Intuto a poner orden? ¿El Gobierno Regional? ¿Los doctores, los abogados que vienen de Lima? Ya la gente sabe que eso no va a pasar”, relata con una amarga resignación.

El pueblo de Intuto es la sede de la Reserva Nacional Pucacuro, una de las más importantes áreas protegidas de Loreto. El personal de la Reserva, adscrito al SERNANP, recoge información, propone, planea, gestiona, insiste pero sobre todo, espera. Y la espera lleva más de cinco meses.

A inicios de agosto de 2025, ante la ausencia de respuesta efectiva de las autoridades, varios de los líderes indígenas del río Tigre decidieron cerrar el río. Llevan más de 50 días con esta medida de fuerza. Su reclamo se resume en la erradicación de la minería ilegal y el cumplimiento del Plan de Cierre de Brechas.

En una reunión a la que asistieron el presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Tigre – FECONABAT y media docena de dirigentes de la cuenca, manifestaron sus reclamos que finalmente se resumen en una de las intervenciones más potentes:  “Para que vienen de Lima a pedir propuestas si ya está el Plan de Cierre de Brechas? ¡Vienen a ofrecer cosas, a regalar computadoras para comunidades que no tienen siquiera electricidad! ¿Y el agua? ¿Quién nos soluciona el agua? De eso vivimos, de ahí bebemos, ahí pescamos, ahí nos movilizamos. 40 años tomando agua con petróleo y ahora nos van a matar más rápido, con agua con mercurio”. El dirigente prosigue: “Yo me fui a Lima, a la reunión con la Presidencia del Consejo de Ministros. Les llevé agua de acá, del mismo río Tigre. Les dije, eso tomamos nosotros. A ver pues, tomen Ustedes esa agua, con petróleo, con mercurio… nadie ni siquiera cogió un vaso”.

Los alcaldes provinciales son quienes implementan la inversión del famoso Plan de Cierre de Brechas y, a pesar de que las prioridades están plenamente identificadas, siguen sembrando cemento en las comunidades: construyen veredas. Esa es la forma más fácil de desviar dinero e inflar gastos, ahorrándose el esfuerzo de elaborar expedientes técnicos y cosas que, otro político famoso, el exalcalde de Lima y ahora candidato a la presidencia, ha calificado como “invento de los caviares”. Reducir trabas a la inversión, le dicen.

En una asamblea general de emergencia, la FECONABAT tomó una decisión drástica. Según informó Servindi el 9 de octubre de 2025, ante la «inoperancia» de la PCM, el Ministerio de Energía y Minas y el Gobierno Regional de Loreto, las comunidades acordaron radicalizar su paro indefinido. Han dado un ultimátum: si las autoridades no instalan una mesa técnica de alto nivel en la comunidad de Intuto para el 16 de octubre, procederían al cierre total del río Tigre, paralizando toda actividad, incluyendo la petrolera. El bloqueo se levantó el 16 de noviembre y FECONABAT reiteró su disposición al diálogo, pero remarcó que esperaba respuestas claras y efectivas del Ejecutivo.  El 22 de noviembre, luego de semanas de nuevas promesas, la población anunció su decepción por la falta de avances. Son 4 meses de bloqueo, sin respuesta concreta.

Esta acción, como resaltó la Defensoría del Pueblo, es la consecuencia directa de un conflicto que escala por la negligencia estatal. Es una decisión tomada por un pueblo que, abandonado por el plan que debía salvarlo y asediado por un nuevo poder criminal, ha decidido que la única opción que le queda es ejercer la soberanía sobre su territorio por la fuerza. Ejercer su control territorial, en resumen, Qué hacer lo que el Estado Peruano parece rehusarse a hacer.

Un país que sigue luchando

Las crónicas de estos cuatro ríos de Loreto convergen en una misma e inquietante conclusión. Ya sea a través del control armado de una frontera silenciada, de la presión en un corredor olvidado, de la invasión audaz a las puertas de una ciudad o de la colisión de intereses, el resultado es el mismo: la soberanía del Estado peruano en su Amazonía norte está profundamente erosionada.

Algunos piensan que la soberanía se defiende gastando  $3500 millones de dólares en la compra de aviones caza. Si supieran que los controles fluviales de las fuerzas armadas en Loreto tienen, con suerte, botes en mal estado, o que la policía que debe controlar los ríos no tiene botes, quizá lo pensarían dos veces. O quizás no.

¿La Amazonía se ha vuelto una zona de sacrificio? ¿No tiene suficientes votantes para ser políticamente importante? ¿Es más importante prepararse contra el “enemigo externo” que luchar contra la inequidad, la impunidad y el abandono que nos carcome?

Quizás cambiarían sus prioridades si tomaran conciencia de que los ciudadanos, en los lugares más remotos han sido abandonados a un régimen de facto impuesto por el crimen, donde la única ley es la supervivencia y la única protección es el silencio. O quizás ya lo saben. El Perú es en ese sentido, es siempre una paradoja, siempre un acertijo retorcido. Esta paradoja sigue ahí porque estas cuencas dan muy pocos réditos políticos al centro de poder, haciendo que no hacer nada sea, de hecho, una movida política conveniente.

Pero aún en ese contexto, con los brazos cansados de remar contra la corriente, sobreponiéndose a todo, cientos de ciudadanos, de indígenas, de ribereños, de peruanos, luchan cada día con la fe de que un día, este país, tan querido y tan ingrato, les devuelva un poquito del amor que ellos le profesan. Porque ellos son los verdaderos guardianes de la soberanía, el alma luchadora de un país que no se vende, de una patria que, de verdad, no se rinde.