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La minería ilegal de oro en la Amazonía peruana ha entrado en una nueva fase de expansión en 2026. Un reciente informe de The Associated Press (AP) advierte que esta actividad ya no se concentra únicamente en los históricos focos del sur del país, sino que avanza por ríos remotos, penetra en territorios indígenas y se instala en zonas que hasta hace poco permanecían intactas.
egún la investigación firmada por el periodista Steven Grattan, la expansión marca un punto crítico para una de las industrias más destructivas de la Amazonía. Ambientalistas, científicos y líderes indígenas consultados por AP sostienen que el fenómeno se ha acelerado al ritmo del precio internacional del oro, que en lo que va de 2026 bordea los 2.000 dólares por onza, cerca de máximos históricos y el doble de su valor de hace una década. El resultado: más deforestación, ríos contaminados con mercurio y comunidades expuestas a violencia y crimen organizado.
De acuerdo con el reporte de AP, la minería ilegal que antes se concentraba principalmente en Madre de Dios ahora se desplaza hacia el norte, alcanzando regiones como Loreto, Ucayali, Huánuco y Pasco. El propio alto comisionado para el combate a la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, reconoció en una entrevista televisiva que “lamentablemente tenemos minería ilegal en todas las regiones del Perú”.
AP describe cómo los mineros ilegales arrasan el bosque con maquinaria pesada, abren trochas improvisadas y despliegan dragas flotantes que succionan sedimentos del fondo de los ríos en busca de oro. En cuestión de semanas, los cambios se hacen visibles: llanuras aluviales convertidas en pozas fangosas, agua turbia cargada de sedimentos y restos de mercurio, y campamentos que se internan cada vez más en zonas previamente intactas.
Luis Fernández, investigador vinculado a la Universidad Wake Forest, explicó que el impacto ambiental es casi inmediato. “Una vez que la maquinaria entra, se ven cambios en cuestión de semanas a meses… las columnas de sedimentos aparecen en los ríos casi de inmediato”, señaló.
En la Estación Biológica Panguana, una zona privada de conservación en la Amazonía central, los efectos ya son evidentes en 2026. Su administrador, Fernando Malatesta, relató que donde antes había bosques intactos ahora los ríos son turbios. “Antes tú podías caminar por ahí y veías agua cristalina, pero ahora pues ya no se puede ver eso”, afirmó.
El informe también documenta cómo la expansión de la minería ilegal en la Amazonía está ligada a redes de crimen organizado. El abogado ambientalista César Ipenza advirtió que grupos criminales de carácter transnacional han ganado presencia y relevancia. Julia Urrunaga, directora en Perú de la organización Environmental Investigation Agency, afirmó que esta actividad se ha convertido en una fuente clave de ingresos para estas redes.
En Panguana, el equipo de conservación tuvo que abandonar la estación tras recibir amenazas. “Había personas con palos, había gente con machete”, relató Malatesta a AP, describiendo los enfrentamientos con mineros y residentes.
Las comunidades indígenas quedan atrapadas en medio del conflicto. Julio Cusurichi, líder indígena de Madre de Dios, denunció que la expansión ya se siente en otras zonas amazónicas. “Esto se está expandiendo por Loreto, por Ucayali”, afirmó. También alertó que más de 30 líderes indígenas han sido asesinados en años recientes por defender sus territorios.
Uno de los mayores riesgos señalados por la agencia es el envenenamiento por mercurio. Este metal, utilizado para separar el oro del sedimento, termina en los ríos y se acumula en los peces, base alimentaria de muchas comunidades amazónicas. Urrunaga advirtió que la devastación ambiental tiene un impacto directo en la salud humana.
Mientras tanto, el gobierno peruano creó a fines de 2023 una comisión multisectorial de alto nivel para combatir la minería ilegal y promover la formalización de pequeños mineros. Según datos oficiales citados por AP, recientes operativos permitieron incautar y destruir equipos valorizados en más de 60 millones de soles. Sin embargo, ambientalistas consultados por la agencia sostienen que las acciones en el terreno siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del avance.
El panorama expone un escenario en el que la Amazonía peruana enfrenta una presión creciente por la expansión de la minería ilegal, impulsada por la alta cotización del oro y sostenida por redes criminales que operan en zonas cada vez más alejadas.
