La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió otorgar medidas cautelares a favor de los integrantes del pueblo indígena Kakataibo que viven en aislamiento dentro de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, ubicada en territorios de Ucayali, Huánuco y Loreto. La decisión, contenida en la Resolución 13/2026, se adoptó al considerar que este pueblo enfrenta una situación de riesgo grave y urgente que podría afectar de manera irreparable sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.
Según el análisis de la Comisión, las comunidades en aislamiento se encuentran expuestas a amenazas derivadas de la presencia de terceros en su territorio. Entre los factores identificados figuran actividades como deforestación, concesiones superpuestas, asentamientos irregulares, construcción de pistas de aterrizaje clandestinas y presuntas acciones ilícitas que incluirían hechos de violencia en la zona.
El organismo internacional también tomó en cuenta que estas alertas y denuncias sobre actividades ilegales dentro de la reserva han sido reportadas al menos desde el año 2020 y que, lejos de disminuir, los riesgos habrían aumentado con el paso del tiempo. Este escenario resulta especialmente delicado debido a que el pueblo Kakataibo beneficiario se encuentra en situación de aislamiento y está protegido por el principio de no contacto.
En su respuesta ante la CIDH, el Estado peruano informó que viene aplicando el Plan de Protección de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, el cual incluye la instalación de puestos de control y vigilancia, patrullajes y acciones de monitoreo, además de coordinaciones con diferentes entidades públicas. También señaló que se han realizado reuniones de los Comités de Gestión de Protección con participación de instituciones estatales y representantes indígenas.
No obstante, el propio Estado reconoció que persisten amenazas de alta gravedad y que aún existen limitaciones en la coordinación entre instituciones. Tras evaluar la información presentada por ambas partes, la Comisión concluyó que las condiciones de riesgo continúan presentes y que podrían agravarse, comprometiendo la supervivencia del pueblo indígena y los recursos naturales de los que depende.
Ante esta situación, la CIDH solicitó al Estado peruano adoptar medidas urgentes y culturalmente adecuadas para proteger la vida, integridad y salud de las personas en aislamiento, respetando el principio de no contacto. Asimismo, pidió reforzar las acciones para impedir el ingreso de terceros que realizan actividades ilícitas dentro de la reserva y garantizar la implementación efectiva del plan de protección vigente.
Entre otras disposiciones, la Comisión recomendó evaluar y monitorear la calidad del agua en las zonas vinculadas a la reserva, mantener espacios de diálogo con las organizaciones indígenas y coordinar con las entidades estatales responsables para reducir los riesgos detectados. También solicitó informar sobre las investigaciones relacionadas con los hechos denunciados.
La CIDH precisó que la adopción de estas medidas cautelares no implica un pronunciamiento definitivo sobre una eventual violación de derechos humanos, sino que busca prevenir daños irreparables mientras se analizan los hechos en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
